cesiones de crédito

publicado por Nuria en su blog el 21 de Septiembre de 2006

Sobre bancos y criminalidad financiera

El fantasma de la implacable justicia vuelve a planear sobre la cabeza de Emilio Botín, presidente del Santander que, junto a un nutrido grupo de banqueros de su confianza, podría tener un “otoño caliente” tras enfrentarse a varias causas judiciales. Entre ellas, se encuentran los casos de “las cesiones de crédito”, “Aguas de  Fuensanta” y el más que posible “Banesto” después de que un juzgado haya iniciado los trámites para la apertura de juicio oral contra él y otros 8 directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega en 1994 del 1% de las acciones de Banesto a 13 directivos.

Junto a Botín también están imputados en este presunto delito Matías Rodríguez Inciarte, Dimas Blanco, José Luis Díaz, Rafael Alonso, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez y José María Espi.

El juzgado insta a continuar la tramitación de diligencias por el procedimiento abreviado y traslada al fiscal y a la partes para que en el plazo de 10 días formulen sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral. El Santander ha mostrado su “sorpresa por esta resolución” y ha anunciado que “será recurrida”.

Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.

Desde el Santander se defienden señalando que el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por el Santander. Además, afirman que el pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de forma más favorable para Hacienda hasta el punto de que “se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación”.

Frente a esta versión, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.

No es la primera causa judicial a la que se enfrenta Botín, que ya es todo un habitual en ‘el banquillo’. Uno de los más llamativo es el denominado “caso de las jubilaciones”, que todavía colea en los juzgados. Tras conocerse que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad, los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui presentaron sendas querellas contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al marcharse de la entidad “para dejar el campo libre a Botín”, tras la fusión del Banco Santander con el Central Hispano en enero de 1999. Pese a que el fiscal había pedido el sobreseimiento del caso en cuatro ocasiones, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que instruyó el caso, dictó el 27 de abril de 2004 la apertura del juicio oral, del que Botín fue absuelto. Poco después los demandantes, que pidieron doce años de prisión para el banquero, recurrieron la sentencia. El pasado 5 de julio de 2006 el Supremo ha celebrado la vista del recurso de casación presentado contra la sentencia de la AN. El fiscal Miguel Ángel Torres ha pedido a la Sala de lo Penal TS que confirme la absolución de Botín, Amusátegui y Corcóstegui de un delito societario por este caso.

Botín también tendrá que hacer frente al caso de las “cesiones de crédito”, cuyo juicio aún no tiene fecha definitiva, aunque se espera para los próximos meses. Los se remontan a finales de los años ochenta, cuando medio centenar de entidades lanzaron la comercialización de productos fiscalmente opacos a Hacienda: las “cesiones de crédito”. En 1990 el fisco inició un proceso de investigación en varias entidades financieras, entre ellas el Santander. Entre 1987 y 1991 realizó cerca de 45.000 estas operaciones y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros). Botín salió airoso entre 1992 y 1994 del caso. Sin embargo, en 2004 la juez Teresa Palacios abre juicio contra Botín, y otros tres ex directivos de esta entidad por el caso, así como contra 28 compradores de este producto financiero. En el auto, la juez acusa a los directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 36 contra la Hacienda Pública, por los que se sentarán en el banquillo de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN. En varias ocasiones la fiscalía ha solicitado que se archive el caso, petición que en todo momento ha sido rechazada por la juez. El 1 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo contra el auto de apertura del juicio oral, que interpuso el presidente del Santander. En octubre de 2005 estaba previsto que comenzase el juicio en la Audiencia, sin embargo por el momento no se ha fijado una fecha.

Pero es que además, otro juzgado mantiene un sumario abierto contra Botín por el denominado caso “Aguas de Fuensanta”, una empresa ligada a la familia de Rodrigo Rato. Los querellantes acusan a Banesto de haber adquirido en 1999 el 45% de la empresa y le imputan a Botín y su hermano Jaime los supuestos delitos de “apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho”. Además, están querellados el ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, y algunos consejeros de la entidad financiera (Matías Rodríguez Inciarte, Víctor Menéndez, José Corral, José Angel Merodio, David Arce, Juan Delibes, José Luis Roselló y Juan Carlos Rodríguez). La acusación fue presentada por Otegui en este juzgado en 2004, que posteriormente amplió en 2005 Antonio Panea.

Gustavo Granero

Un ejemplo de FAVORES COMPARTIDOS y CONFUSION ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO en esta posible conversación:

Un eminente banquero, caracterizado por su imparable fuerza expansiva y considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, llama furibundo a un político en ejercicio con mucho poder. El hombre público acude solícito al despacho del banquero y este, sin disimular su cólera, le reprocha que el asunto de las cesiones de crédito aun no se haya resuelto favorablemente para sus intereses, ya que sigue imputado en el proceso cuya tramitación judicial viene practicándose durante largo tiempo. El político asombrado por el tono irascible con el que el banquero le dirige el reproche, invoca que se ha hecho todo lo posible en el asunto, e incluso más de lo que procede, saliéndose del elemental decoro y las buenas prácticas en lo relativo a la administración de justicia, para que el asunto quede en agua de borrajas en beneficio de los principales implicados:

Fíjate, presidente -razona el político- primero se ha logrado eliminar una parte grandísima de las operaciones aumentando el límite del delito fiscal a quince millones de pesetas, lo cual ha permitido despejar el camino para dejar sin efecto multitud de infracciones que podrían dar motivo a una acusación penal.

Sí, le replica su interlocutor, haciéndolo con furia incontenible, que para eso el hombre es tan poderoso, uno de los más poderosos del país y del mundo mundial-, pero eso se ha hecho cuando estaban los socialistas en el poder, y además se ha hecho tan mal que, en vez de suprimir en el código de un plumazo esta figura de las cesiones, habéis cometido la estupidez de dejar vivos los asuntos mas gordos, que son los más peligrosos y los que llaman más la atención. Y luego vosotros, los que mandáis ahora, gracias a mi ayuda, habéis hecho muy poco para arreglar el asunto de manera definitiva.

Perdóname, presidente, pero tú sabes que primero el fiscal acusaba en la causa, y también lo hacía el abogado del Estado, y ahora sabes también que uno y otro funcionario, no sin vencer una gran resistencia en sus respectivos cuerpos, están pidiendo el sobreseimiento libre para todos vosotros, aunque mantengan la acusación contra vuestros clientes. Y de todo ello hemos tenido que dar explicaciones en el Parlamento.

La prevaricadora justificación del político tuvo la virtud de exasperar más al banquero.

¿Pero qué me estás diciendo? –aquí pongan ustedes una gruesa interjección-. En el proceso siguen incordiando de mala manera algunas acusaciones, unos marxistas de Cataluña a los que no conoce ni su padre y una asociación de tres al cuarto, sobre todo al juzgado no hay quien le mueva en su manía de seguir adelante con la instrucción. Con que ya sabes lo que tenéis que hacer: poner orden en todo esto de una vez, porque ya sabes todo lo que hemos hecho a vuestro favor… -y aquí una larga serie de justificaciones, reales o supuestas, sobre la amplitud de las ayudas prestadas por el banco, entre otras una muy especial que afecta a los negocios de una conocida familia cuyos miembros tenían comprometida su propia firma en créditos cuantiosos.

El hombre público, el ministro, podría ser un ministro de Economía y Hacienda.

Fuente: El botín de Botín, de José Manuel Novoa Novoa // Foca Ediciones y Distribuciones. Tres Cantos. 2003

Tres lustros después de los hechos, se abre el juicio oral donde la acusación popular pide 48 años de prisión para el presidente del SCH. Según el autor de transformación la Hacienda pública dejó de ingresar 14.132 millones de pesetas (85 millones de euros). El Santander realizó 47.000 operaciones por un valor nominal de 2.500 millones de euros.

Curiosamente, el fiscal general del Estado defiende a Botín mientras los fiscales de zona acusan a los clientes del banco, titulares de las cesiones. En caso de condena, ¿dimitiría Emilio Botín? Desde luego, el Banco de España no le forzaría a ello.

El presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Fuentes de la Audiencia han comentado a Hispanidad que el juicio oral podrá comenzar en la Sección Primera de la Sala de lo Penal a finales de noviembre. El presidente de la Sala y de la Sección, Gómez Bermúdez, presidirá la vista -el mismo magistrado recusado por Rafael Pérez Escolar en el único juicio contra Botín por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui-, y las otras dos componentes de la sala son las magistradas Manuela Fernández Prado y Clara Bayarri García.

Un detalle, los tres magistrados enjuiciarán la legalidad de un producto, las cesiones de crédito, realizadas por el Banco Santander en el año 1989, es decir, mas de tres lustros atrás. A pesar de todos los impedimentos de los gobiernos socialistas y populares, incluido el actual, así como del poderoso equipo de abogados de Botín, la jueza Teresa Palacios ha terminado un sumar oque le ha costado 13 años de trabajo.

En el banquillo se sentarán Emilio Botín, el actual consejero del SCH, entonces, consejero delegado del Santander, Rodrigo Echenique, y lo directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavet. A todos ellos se les acusa de 36 delitos contra la Hacienda pública –sustrato de las cesiones de crédito, productos de suyo positivo pero susceptibles de ser empleados como ocultación de dinero, negro, que es de lo que se acusa al Santander-, un delito continuado de falsedad en documento oficial y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil. En total, la acusación popular, representada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes pide 48 años de cárcel para Botín y otros tantos para los tres ejecutivos restantes.

Durante los años 88 y 89 el Santander realizó más de 47.000 operaciones de cesiones de crédito, por un importe nominal de 423.000 millones de las antiguas pesetas, más de 2.500 millones de euros. No obstante, la Audiencia prescindió de las cesiones del 88 (más numerosas) para centrarse en las del 89, y dentro de esta en los 36 casos. Estamos hablando de una probable defraudación a la Hacienda pública de 14.132 millones de pesetas, es decir, unos 85 millones de euros.

Lo más curioso es la protección con la que Emilio Botín ha contado tanto de los gobiernos socialistas como de los populares. Desde el año 89, y siendo el fisco el perjudicado, tanto el abogado del Estado como la Fiscalía General han perdido el sobreseimiento. Cándido Conde Pumpido, por ejemplo, nada más llegar al cargo, afirmó que la Fiscalía tomaría postura en su momento. La verdad es que ya tenía tomada la decisión desde el primer día, órdenes de arriba, y, “llegado el momento”, hizo lo que estaba previsto : inhibirse.

Lo de la Fiscalía es aún peor que lo del abogado del Estado, que sucesivamente han ido recibiendo órdenes de Carlos Solchaga, Rodrigo Rato y Pedro Solbes para proteger a don Emilio.

Y decimos que es más grave porque mientras el fiscal general del Estado se inhibe, las fiscalías provinciales y de zona llevan a los titulares de cesiones de crédito ante los juzgados de toda España. De ello debemos deducir que el cliente del Santander es, según la fiscalía española, culpable de un delito fiscal del que se exonera al banco que se lo posibilitó. El caso de las cesiones de crédito es, además, mucho más grave que el de las Primas Únicas, entre otras cosas porque La Caixa fue “perdonada” por el Gobierno tras pagar a Hacienda lo que le debía, mientras que el Santander no ha pagado un euro.

Ahora bien, si Botín fuera condenado, ¿dimitiría de su cargo? Durante los primeros años de instrucción, los abogados del Santander hablaban de que un presidente sólo debe dimitir en caso de sentencia firme condenatoria. Así parece deducirse de todos los códigos de buen gobierno habituales y del Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España. Pero no se preocupen, no será el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien presione a don Emilio para que dimita. El Gobierno Zapatero le necesita, entre otras cosas para atacar al presidente del BBVA, Francisco González. En España, Botín es intocable.

Fuente: Hispanidad